El caso del metílico

Durante la primavera de 1963, una serie de extrañas muertes empezaron a sucederse en algunas comarcas del rural gallego y de las islas Canarias, sin que nadie pareciera dar con una causa que las explicase. Las víctimas presentaban síntomas similares: dolor abdominal, vómitos y una repentina ceguera. Se barajaron hipótesis tales como que se tratara de aneurismas cerebrales o de una epidemia de meningitis.

María Elisa Álvarez Obaya

La primera que sospechó de esas muertes fue María Elisa Álvarez Obaya, la joven farmacéutica titular del municipio lanzaroteño de Haría. donde, en poco más de un mes, habían muerto cuatro personas con dichos síntomas, y otras dos se habían quedado ciegas. Elisa, sospechando que tantos casos en tan poco tiempo y en un un área tan limitada no podían ser una casualidad, se puso a investigar, y descubrió que todos los afectados habían consumido alcohol poco antes de enfermar, y que varios eran clientes habituales de la misma bodega en Haría. La farmacéutica tomó muestras de las bebidas alcohólicas que se sevían allí y, tras analizarlas, descubrió en una garrafa de aguardiente niveles muy elevados de alcohol metílico, altamente tóxico. De inmediato, se prohíbe la venta de ese alcohol en el municipio y el 21 de marzo de 1963 entrega un informe a las autoridades judiciales quienes, tras investigar el origen de esa bebida, descubren que procedía de la bodega Lago e Hijos, de Vigo, la cual tenía entres sus suministradores a una bodega ourensana propiedad de Rogelio Aguiar Fernández y situada en la calle Rosalía de Castro, en el barrio de A Ponte.

Rogelio Aguiar Fernández

Rogelio Aguiar era un empresario pontevedrés que llevaba décadas relacionado con la fabricación y distribución de bebidas alcohólicas. A principios de los años 60 descubrió lo que él pensaba que era una oportunidad magnífica para su negocio: emplear alcoholes industriales de bajo coste, como el alcohol isopropílico, para elaborar bebidas alcohólicas, mezclándolos con alcohol etílico. Aguiar empezó a ofrecer su producto a fabricantes de licores y vinagres; pero las bebidas elaboradas con isopropílico tenían un sabor desagradable, y muy pronto sus clientes rechazan el producto y dejan de comprárselo. Viendo amenazado lo que el creía que era la gallina de los huevos de oro, Aguiar se pone a buscar alternativas y descubre el alcohol metílico.
El alcohol metílico o metanol es un líquido incoloro, sin sabor ni olor. Se emplea en la fabricación de plásticos, disolventes, barnices o combustibles. Su apariencia es similar a la del etanol, pero el metílico es muy tóxico; ataca el sistema nervioso, tiene graves efectos secundarios, provoca ceguera y, en concentraciones elevadas, la muerte. Dependiendo de la complexión o el estado de salud de la persona, una dosis de a partir de 20 mililitros puede resultar letal. Pero eso era lo de menos para Aguiar. Podía hacerlo pasar por alcohol corriente y costaba apenas una tercera parte que el alcohol etílico. Así que empezó a comprar grandes partidas de alcohol metílico a una empresa química de Madrid, Alcoholes Aroca. Entre diciembre de 1962 y abril de 1963, Rogelio Aguiar adquiere unos 75000 litros de alcohol metílico. Los envíos llegaban a su bodega en camiones y eran descargados de noche, para no llamar la atención, y una vez allí, el bodeguero, a veces con la ayuda de su mujer, lo mezclaba en distintas proporciones con alcohol etílico, para luego venderlo a otros fabricantes y distribuidores, bien como materia prima, bien como aguardiente ya elaborado. Aguiar sabe perfectamente que el metílico no es apto para el consumo humano; así consta en las facturas de la casa Aroca y en las etiquetas de los barriles. Pero aún así, continúa con su actividad, obteniendo grandes beneficios. Algunos de sus clientes se muestran sorprendidos por el bajo precio del alcohol; Aguiar los engaña contándoles que se trata de alcohol importado de manera ilegal, sobornando a los empleados de Aduanas del puerto de Málaga para que hagan la vista gorda.

La bodega de Rogelio Aguiar

Y así, durante meses, el letal alcohol se va extendiendo lentamente, provocando más y más víctimas. Entre los clientes de Aguiar destacan la bodega Lago e Hijos, buena parte de cuyos productos son destinados a las Islas Canarias; y la empresa coruñesa Rosol, que adquiere varios miles de litros del alcohol para fabricar vinagre, que luego vende a distintas conserveras para elaborar escabeches, lo que contribuye a extender aún más los efectos del metílico.
Si bien es en Galicia y las Canarias donde se comercializa la mayor parte del alcohol, partidas de licores adulterados son enviadas a una gran cantidad de destinos. Algunos envíos van a parar a otras ciudades españolas (Madrid, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Granada, Zaragoza) , pero también a las colonias africanas de Guinea y el Sáhara Español; a países europeos como Alemania, Suiza o Francia; a Senegal; a Sudamérica; e incluso a Estados Unidos, donde un envío de varias cajas de aguardiente elaborado por el industrial vigués Manuel López Valeiras fue intervenido en la aduana de Nueva York y posteriormente destruido al detectarse que estaba contaminado con metanol. En muchos casos, son emigrantes gallegos los que reciben esos envíos, contribuyendo involuntariamente a extender la acción del metílico.
El escándalo del metílico sale a la luz pública por primera vez el 30 de marzo de 1963. Es el periódico Faro de Vigo el que publica una pequeña nota haciendo referencia a la investigación que tiene lugar en las Canarias relativa a varias muertes provocadas por consumir alcohol en malas condiciones. No llama mucho la atención, pero si pone sobre aviso a Aguiar y a algunos de sus clientes. El bodeguero ourensano comienza a destruir documentación comprometedora. Solicita a Alcoholes Aroca un certificado de que le han vendido menos alcohol del que realmente le han suministrado (algo a la que la empresa se niega) y se deshace de los últimos bidones de metílico que conserva en su bodega; unos 800 litros que oculta en una apartada finca rural propiedad de su abogado y amigo José Ramiro Nóvoa.

A raíz de la publicación en la prensa de los casos en Canarias, empiezan a crecer las sospechas de que la causa de las extrañas muertes en Galicia tienen un origen similar. El médico de Cea, José Nóvoa Seijo, que ha tratado varios casos y conoce alguno más, informa de sus sospechas a la Guardia Civil tras atender una muerte, el 20 de abril, en la que la víctima había consumido licor café poco antes de empezar a notar los síntomas.
Finalmente, el 27 de abril de 1963 se incoan las diligencias del caso. La prioridad es detener el flujo de alcohol adulterado e incautar todas las existencias que siguen en circulación. Algunos de los implicados ya han tomado medidas por su cuenta, deshaciéndose del alcohol que todavía conservaban e incluso recuperando algunas partidas que ya habían vendido. Aún así, las autoridades confiscan una gran cantidad de licor sospechoso, dentro y fuera de Galicia. En Madrid se incautan más de 1400 litros de aguardiente, ginebra y licor café dispuestos para ser comercializados, y en Barcelona otros 300 litros de aguardiente comprados por el Centro Gallego. También empiezan a producirse los primeros arrestos: Rogelio Aguiar y su esposa, María Ferreiro; su amigo, el abogado José Ramiro Novóa; Román Rafael Lago y su hijo Román Gerardo, responsables de Lago e Hijos; Miguel Ángel Basail, gerente de Rosol. Así, hasta un total de diez personas, para los que se dicta auto de procesamiento el 2 de mayo, que son enviadas a prisión, la mayor parte de ellos sin fianza.
El estallido del caso provoca el pánico general. Pese a las llamadas a la calma y los anuncios de la mayoría de los fabricantes asegurando la total seguridad de sus productos, las ventas de bebidas alcohólicas se desploman, especialmente en las zonas más afectadas por el envenenamiento. Tardarían meses en recuperarse, y ello después de un anuncio oficial en el que se advierte de que ya no hay peligro.

La instrucción del caso es larga y laboriosa. Hay una enorme cantidad de documentos que estudiar, testigos a los que interrogar, análisis químicos, etc. El Laboratorio de Sanidad de Ourense se ve literalmente desbordado a la hora de analizar los centenares de muestras procedentes de la gran cantidad de licor intervenido por la Policía y la Guardia Civil. No es hasta septiembre de 1965, una ver terminadas todas las diligencias, en que se dicta el auto de conclusión del sumario.Se presentan cargos contra once personas, a los que se les atribuyen 51 muertes (38 en Galicia, 12 en Canarias y uno en el Sáhara Español) y cinco casos de ceguera permanente. La cifra, dada la magnitud del caso, parece casi irrisoria. Son sólo los casos que se han podido comprobar fuera de toda duda que se han producido por el consumo de alcohol metílico. Muchos otros casos sospechosos no pudieron ser probados, por no haberse hecho autopsia, por no permitir los familiares la exhumación o por haberse dictaminado muerte por causas naturales. La imposibilidad de seguirle la pista a cada uno de los miles de litros de alcohol contaminado, especialmente los que fueron a parar al extranjero, impide saber el número exacto de víctimas. Pero algunos de los que trabajaron en el caso hablaron de que el número real de muertos por el metílico pudo fácilmente haber sido de 500, 1000 o 5000 personas. El fiscal del caso, Fernando Seoane, trató inútilmente de que las autoridades implicadas asumieran su parte de responsabilidad; era evidente que de no ser por la falta absoluta de controles y la dejadez de instituciones como los Ministerios de Salud y Agricultura, el Sindicato Vertical de Industrias Químicas o la misma Presidencia del Gobierno, el caso no habría alcanzado tales dimensiones. Pero todo fue en vano; la maraña burocrática y el rechazo de instancias superiores impidió que se presentaran cargos contra cualquier administración pública.

El juicio, finalmente, dio comienzo el 1 de diciembre de 1967, más de cuatro años después de los sucesos, en el Juzgado de Instrucción de Ourense, en medio de una gran expectación y ante numerosos curiosos y periodistas. Fue un juicio largo y complejo. El sumario tenía 36000 páginas y era el más extenso instruido hasta la fecha en España. La acusación llamó a declarar a 113 testigos y las defensas, a 76. Rogelio Aguiar se defendió alegando que desconocía los graves efectos del consumo de metílico; los empresarios que le compraron el alcohol adulterado formaron un frente común para atribuirle a él toda la responsabilidad, alegando haber sido engañados y que en ningún momento supieron de la toxicidad del producto que les había vendido. Una versión desmentida por los peritos, quienes además señalaron que ninguno de ellos realizó ningún tipo de análisis al alcohol suministrado por Aguiar, más allá de comprobar su graduación alcohólica. El juicio se prolonga durante veinte días, con sesiones de mañana y tarde.
La sentencia final se lee el 27 de diciembre. Los once acusados son condenados por delitos contra la salud pública, imprudencia temeraria y encubrimiento, a un total de 120 años de cárcel. La mayor pena (19 años de cárcel) es para Rogelio Aguiar. Su esposa es condenada a 12 años y los Lago, a diecisiete años cada uno. También son condenados a pagar a las víctimas del envenenamiento y a sus familias indemnizaciones que suman casi diecinueve millones de pesetas.

Lista de condenas:
Rogelio Aguiar Fernández, bodeguero y principal responsable del envenenamiento, 19 años de cárcel y multa de 25000 pesetas por un delito contra la salud pública.
María Ferreiro Sánchez, esposa de Rogelio Aguiar, 12 años y un día de cárcel y multa de 5000 pesetas por un delito contra la salud pública.
Román Rafael Saturno Lago Cabral y su hijo Román Gerardo Lago Álvarez, propietarios de la bodega Lago e Hijos, 17 años de cárcel y 25000 pesetas de multa cada uno por sendos delitos contra la salud pública.
Luís Barral Iglesias, propietario de un almacén de licores en el barrio ourensano de El Veintiuno, 17 años de cárcel y multa de 25000 pesetas por un delito contra la salud pública.
Miguel Ángel Sabino Basail Infante, gerente de Industrias Rosol, 15 años de cárcel y multa de 10000 pesetas por un delito contra la salud pública.
Ricardo Debén Gallego, que vendía licor café suministrado por Barral Iglesias, 12 años y un día de cárcel y multa de 5000 pesetas por un delito contra la salud pública.
Alberto Lombán González, propietario de una fábrica de licores, 6 años de cárcel por un delito de imprudencia temeraria.
Francisco Emilio López Otero, propietario de una tienda de alimentación en Ourense, 3 años de cárcel por imprudencia temeraria.
José Ramiro Novoa Ramírez, abogado y amigo de Rogelio Aguiar, un año de cárcel y multa de 5000 pesetas por encubrimiento.
Manuel López Valeiras Souto, distribuidor de licores vigués, 1 año de cárcel y multa de 10000 pesetas por un delito contra la salud pública.

Aunque las penas eran un tanto suaves, dada la gravedad del delito cometido, los principales acusados no llegarían a cumplirlas. Diversos indultos y medidas de gracia recortaron sensiblemente el periodo que pasaron entre rejas. Así, Rogelio Aguiar salió en libertad en 1972 y Román Lago, en 1974. María Ferreiro ni siquiera llegó a pisar la cárcel: huyó del país poco antes de que se hiciera pública la sentencia y se refugió en París. En 1975 fue identificada en la frontera y arrestada, pero como para entonces los delitos por los que había sido condenada habían prescrito, fue puesta en libertad sin cargos. Las víctimas tampoco llegaron a recibir las indemnizaciones fijadas por el tribunal: las empresas involucradas se declararon en quiebra una tras otra, evitando de esa manera tener que pagar dichas compensaciones.