La Noche de San Daniel

La Noche de San Daniel o Noche del Matadero

El 16 de septiembre de 1864 la reina Isabel II nombra Presidente del Consejo de Ministros al general Ramón María Narváez, del Partido Moderado, en sustitución de Alejandro Mon, que apenas había durado seis meses en el cargo. Narváez, ultraconservador y reaccionario, que ya había sido Presidente en cinco ocasiones y aún volvería a serlo otra más, empieza su gobierno aparentemente con talante conciliador, especialmente hacia progresistas y demócratas, sus grandes Némesis. Y en efecto, entre sus primeras medidas está la concesión de varios indultos a destacados liberales, como el general Prim (desterrado a Oviedo por sospecharse que estaba preparando un levantamiento). Pero ese aperturismo duró poco y el general pronto volvió a sus viejas costumbres.

Ramón María Narváez y Campos (1799-1868)

Uno de los problemas que tiene que afrontar el nuevo gobierno es la catastrófica (como casi siempre) situación de las arcas públicas. Ante la imperiosa necesidad de dinero, el ministro de Hacienda, Manuel García Barzanallana, propone un llamado "reparto forzoso" (un empréstito obligatorio para todos los ciudadanos con unas rentas por encima de cierta cantidad) con el que espera recaudar unos 600 millones de reales. Pero la enorme oposición frustra el proyecto y fuerza a Barzanallana a dimitir. Su sucesor, Alejandro de Castro, propone como alternativa para obtener liquidez la venta de una serie de bienes del Patrimonio Nacional, algo que la reina acepta, anunciando que hará entrega de 3/4 partes de lo recaudado al erario público. Una decisión aplaudida por la prensa monárquica y los miembros del Partido Moderado, que le tributan una cerrada ovación en las Cortes, e incluso Narváez llega a compararla a Isabel la Católica por su gesto "tan grande, tan extraordinario, tan sublime".

Emilio Castelar y Ripoll (1832-1899)

Pero no todos lo ven de la misma manera, especialmente la oposición de los Partidos Progresista y Democrático. El 21 de febrero de 1865 Emilio Castelar, catedrático de Historia Filosófica y Crítica de España en la Universidad Central de Madrid y destacado miembro del Partido Democrático (y que años más tarde sería uno de los presidentes de la efímera Primera República), publica en el periódico La Democracia un artículo titulado "¿De quién es el Patrimonio Real?", al que seguiría otro el día siguiente en el mismo periódico titulado "El rasgo". En ambos, tremendamente críticos con la reina, Castelar puntualizaba que la mayoría de los bienes a subastar eran propiedad del Patrimonio Real, y por lo tanto del estado, y no propiedad particular de la Corona. Y que con su "gesto altruista" la reina, en lugar de ceder 3/4 de lo obtenido, lo que verdaderamente hacía era embolsarse, con la complicidad de Narváez, un 25% de lo recaudado al que no tenía derecho por pertenecer al pueblo español. 

El artículo genera una polémica inmediata. Aunque es censurado, empieza a circular por Madrid en forma de pasquines. El ministro de Fomento, Antonio Alcalá Galiano, ordena al rector de la Universidad Juan Manuel Montalbán el cese inmediato de Castelar, amparándose en una circular ministerial de 1864 que prohibía a los catedráticos expresar públicamente opiniones críticas contra la Corona, el gobierno o la Iglesia. Al negarse Montalbán, el 7 de abril se hace oficial su cese, sustituido por Diego Miguel Rodríguez de Bahamonde, vinculado al Partido Moderado, y también el de Castelar (contra el que se había dictado orden de arresto).

La decisión provoca la inmediata protesta por parte de profesores y alumnos de la Universidad. Varios catedráticos, incluidos Nicolás Salmerón (otro futuro presidente de la Primera República) y Miguel Morayta (destacado dirigente masónico), renuncian a sus cátedras, y los estudiantes organizan una serenata de protesta en apoyo de Montalbán y Castelar para la noche del mismo 7 de abril, que es prohibida por el ministro de Gobernación Luis González Bravo, quien ordena a la Guardia Civil disolver a los manifestantes y declara el estado de guerra, además de permitir a las fuerzas del orden la suspensión de los derechos constitucionales, la deportación interna de sospechosos y la censura de la prensa.

Pero los ánimos siguen muy caldeados y se organiza una nueva serenata de protesta para el día 10 de abril, el mismo día en el que Rodríguez de Bahamonde jura su cargo ante la reina, en la céntrica Puerta del Sol madrileña. Esta vez no son solo estudiantes, también acuden representantes de los movimientos obreros y miembros de los Partidos Demócrata y Progresista. Dispuesto a evitarla de cualquier manera, González Bravo moviliza una unidad de Infantería y otra de Caballería, a la que por la tarde se les une un destacamento de la Guardia Civil. En total, unos mil hombres armados.

La Puerta del Sol con el ministerio de la Gobernación (Jean Laurent, c. 1860)

A pesar de ello, grupos de manifestantes se van reuniendo conforme avanza la tarde, mezclándose con el tráfico habitual de la Puerta del Sol, una de las plazas más concurridas de Madrid. El propio Narváez llega a encararse con un grupo de ellos que se habían reunido frente al Ministerio de Gobernación. Y al caer la noche, sucede lo impensable. La Guardia Civil irrumpe en la plaza y, sin previo aviso ni mediar advertencia de ninguna clase, abren fuego contra la multitud, cargando luego contra ella a pie y a caballo, con nuevos disparos y las bayonetas caladas. Los manifestantes responden con pedradas y tratando de montar barricadas, que son desbaratadas por las cargas de caballería. Al final, cuando la plaza se desaloja, el resultado es devastador: 14 muertos (muchos de ellos tiroteados por la espalda), 193 heridos de diversa consideración y más de 160 arrestados. Muchas de las víctimas, además, no eran manifestantes, sino ciudadanos corrientes (incluidos mujeres, niños y ancianos) que tuvieron el infortunio de pasar por la plaza cuando empezó el ataque. En el otro bando, un guardia a caballo resulta herido de una pedrada en la cabeza, lo que le valdría a González Bravo para proclamar hipócritamente en las Cortes que "se ha vertido la sangre de nuestros soldados".

Luis González Bravo y López de Arjona (1811-1871)

Esa misma noche en el Senado González Bravo trata de explicar lo sucedido, pero ante el tono claramente hostil de los periodistas ordena expulsar a la prensa de la sesión y censurar las publicaciones del día siguiente. Numerosos periódicos de talante progresista salen al día siguiente con sus portadas en blanco como protesta, y varios de ellos (La Democracia, El Pueblo, La Nación, Las Novedades) se unen para publicar una editorial conjunta en la que llaman a la calma para que los liberales y progresistas no respondan con violencia a las acciones del gobierno.

Una oleada de indignación se desata después de la masacre. El Ayuntamiento de Madrid (con su alcalde el almirante José María Diego de León a la cabeza), la Diputación de Madrid y varios ministros renuncian a sus cargos. El ministro Alcalá Galiano sufre un ataque al corazón mientras mantiene una encendida discusión con González Bravo por la desproporcionada represión y muere poco después. Mientras la irresponsable Isabel II, lejos de censurar lo sucedido, felicita públicamente a Narváez, en las Cortes hay encendidos debates, por más que algunos destacados dirigentes opositores se mostraron tibios a la hora de condenar la masacre, por miedo a ser arrestados. El más combativo fue el diputado de la Unión Liberal Antonio de los Ríos Rosas, conocido por su carácter impetuoso, quien llega a acusar al gobierno de que "esa sangre pesa sobre vuestras cabezas" y llama a las fuerzas del orden "miserables instrumentos". Todo ello acaba provocando que González Bravo lo rete a un duelo a pistola, que se resuelve con el ministro herido leve en un brazo.

Isabel II de España (1830-1904)

Finalmente, la reina destituye a Narváez dos meses después, pero en lugar de tratar de atraerse a los progresistas, nombra presidente a otro habitual del cargo, el general Leopoldo O'Donnell. Los opositores entendieron esto como la confirmación del desinterés absoluto de Isabel II por incluirlos en las labores de gobierno. Las críticas hacia la Corona se hicieron mucho más claras y directas y, visto que no podían alcanzar el gobierno de la manera tradicional, muchos optaron directamente por insurrecciones armadas, aprovechando el descrédito de la reina y la monarquía. La primera, sucedida en 1866, fue la del madrileño Cuartel de San Gil, que fracasó y cuyos responsables fueron duramente castigados, pero que no hizo sino abrir el camino a la Gloriosa, la revolución de 1868 que acabaría con Isabel fuera del trono y marchando al exilio parisino.